En nombre de a asociación, Francisco Zugasti aporta 
                  vídeos donde se ve a la magistrada instruyendo a una 
                  denunciante, antes de juicio, a la Asociación de Mujeres 
                  Separadas, de carácter privado. La magistrada desprecia la 
                  opinión de la perito del Juzgado, quien, a su vez, reconoce 
                  que ni se habla con los denunciados 
                  Fue una de los tres magistrados que, en la Audiencia 
                  Nacional, absolvió a Emilio Botín, por las 
                  indemnizaciones pagadas a Jose María Amusátegui (44 
                  millones de euros) y Ángel Corcóstegui (110 millones) 
                  tras lo que se quedó como presidente único del SCH. 
                  Pero recién estrenados los tribunales especializados en 
                  maltrato de género, doña Raimunda solicitó con premura 
                  tan ansiado cargo. Ahora, Francisco Zugasti, con el 
                  apoyo de la Asociación Projusticia, que considera que en este 
                  tipo de tribunales se prevarica constantemente, dado que están 
                  tomados por feministas radicales, ha elevado una queja al 
                  Consejo general del Poder judicial sobre la actitud de doña 
                  Raimunda Lorente.
                  Además, Zugasti aporta vídeos. En uno aparece 
                  la propia jueza Lorente, que aconseja a 
                  una denunciante, antes del juicio que alegue “maltrato 
                  psicológico” y para que, de su parte, acuda a ver a “Ana 
                  María”, es decir, a Ana María Pérez del Campo, 
                  presidenta de la Federación de Mujeres Separada y Divorciadas 
                  (calle Santa Engracia de Madrid). 
                  En 
                  el segundo vídeo, queda de manifiesto cómo la jueza 
                  Lorente hace caso omiso de las valoraciones de la 
                  perito que tiene asignada su juzgado, quien por otra parte, 
                  reconoce la existencia de denuncias 
              falsas.